¿Qué tan legal es utilizar criptomonedas en Argentina?

Autora: Diana Aguilar.

Dentro de la región latinoamericana, Argentina se destaca por el interés gubernamental que existe alrededor de las criptomonedas. Desde 2017 hasta el día de hoy, el marco legal alrededor de esta nueva forma de dinero digital continúa desarrollándose en el país. Incluso llegó a anunciarse la inminente emisión de una ley que regule las criptomonedas este año.Para entender mejor el impacto de este futuro no tan lejano, veamos cómo está regulado el uso de criptomonedas actualmente.

Las criptomonedas ante la ley

Hoy en día, la única descripción que existe de las criptomonedas a nivel legal se basa en el concepto de “moneda virtual”. Esta definición fue creada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2014, mediante la Resolución 300/2014 (Boletín Oficial, 10/07/2014). 

Según la UIF, las monedas virtuales son “la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción”.

Como ya explicamos en otro artículo sobre las leyes impositivas argentinas, esta definición deja abierta una interpretación más bien vaga de la diferencia entre los conceptos “moneda virtual”, “moneda digital”, “criptomonedas” y “criptoactivo”, ya que todas caen dentro de la misma descripción a nivel legal. Es fundamental recordar que el funcionamiento, emisión y valor de cada uno de estos tipos de activos y monedas digitales varía mucho e influye en su uso, tal y como sucede con el dinero fiduciario (el dinero emitido por el Gobierno) ante la ley.

Cronología de la regulación

Si bien las criptomonedas, las cuales entran dentro del concepto de “monedas digitales”, han formado parte de la discusión legal en Argentina desde 2014, es en 2017 cuando son incorporadas a la Ley de Impuesto a las Ganancias a través de una reforma emitida en un Boletín Oficial el 29/12/2017.

La reforma, que entró en vigencia en 2018, dicta que si la ganancia es de fuente extranjera, se tributará acorde al tercer párrafo del art. 94 de la LIG. Si es fuente argentina, se estará frente al Impuesto Cedular del art. 98, de acuerdo con la Ley 27.430.

El 31 de octubre de 2019, el Banco Central (BCRA) emite la primera regulación que concierne a los usuarios. La entidad expidió la Comunicación “A” 6823, donde impide la utilización de tarjetas de crédito (emitidas por bancos locales) para la “adquisición de criptoactivos en sus distintas modalidades” en exchanges del exterior. Esta regulación no prohíbe operar con criptomonedas sino que las incluye en las restricciones de compras con tarjetas de crédito en el exterior, presumiblemente para evitar una fuga de divisas.

En términos de la ley tributaria, desde finales de 2019 rige el Artículo 7 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el cual dicta una nueva “regla” donde establece que los beneficios provenientes de acciones, cuotas y participaciones sociales y monedas digitales serán considerados fuente argentina cuando el emisor se encuentre “domiciliado, establecido o radicado” en el país.

Al año siguiente, el 28 de mayo de de 2020, fue emitida la regulación cambiaria que ahora se encuentra bajo el nombre Comunicación “A” 7042. Esta vez, se establece que aquellos que deseen ingresar al mercado único y libre de cambios para adquirir divisas con el fin de saldar obligaciones internacionales y tengan a su nombre activos externos -incluyendo criptoactivos- por un monto superior a los USD 100.000, deberán disponer de ellos para pagar sus deudas antes de acudir al MULC.

Nuevas medidas

Tras un repaso a las regulaciones existentes, queda clara la necesidad de renovar la definición alrededor de las monedas virtuales estipuladas en una primera instancia por los organismos reguladores en Argentina. No obstante, una nueva ley de criptomonedas parece estar en el horizonte regulatorio para este año.

La llamada “Ley Cripto” buscará regular la actividad de comercio con criptomonedas directamente, con medidas que abarcan la actividad bancaria y de impuestos a través de bancos, exchanges de criptomonedas y la AFIP.

Asimismo, la ley otorga finalmente una definición concreta a los criptoactivos, definiéndolos como “”bien intangible, fraccionable e intercambiable por bienes de su misma u otra naturaleza, que utiliza métodos criptográficos para la generación de unidades adicionales y su fraccionamiento, registrar las transacciones, y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido (blockchain)”.

Recientemente fue anunciado en Córdoba un proyecto de ley para impuestos a las criptomonedas, a través de la Ley Impositiva 2021, la cual entre otras cosas introduce una definición legal a las monedas digitales como “una representación digital de valor” que “constituyen un medio de intercambio, unidad de cuenta y/o reserva de valor”.

La regulación para usuarios

En resumen, la definición de las criptomonedas y criptoactivos continúa estando en un área gris de constante evolución a nivel regulatorio en Argentina. Actualmente, es ampliamente aceptado el comercio de estos activos en plataformas nacionales e internacionales, dejando fuera las compras con tarjetas de crédito, como hemos visto previamente. 

Es importante aclarar que, en lo que se refiere al impuesto a las ganancias, varias fuentes consultadas recomiendan liquidar el impuesto en caso de que se supere el mínimo de ganancia de las transacciones realizadas con criptomonedas. Por otra parte, aún no existe una regulación definida que abarque al IVA, bienes personales ni ingresos brutos en criptomonedas. En caso de manejar sumas importantes, la recomendación es acudir a un contador que sea capaz de analizar si nuestros fondos aplican a alguna instancia definida por la ley.

Actualmente, la regulación existente no cubre las criptomonedas dentro del concepto del cepo cambiario. Asimismo, plataformas de comercio nacionales como Buenbit continúan al pendiente de nuevas directrices para continuar operando de forma transparente y legal para el público argentino.